Venezolanos son cada día más pobres y pasan más horas en colas

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En las calles de Venezuela se respira tensión. Las manifestaciones de la oposición en pro del referéndum revocatorio se mezclan con la crispación que viven los ciudadanos en las largas colas de supermercados, panaderías y farmacias para comprar productos básicos.

El presidente de la república, Nicolás Maduro, insiste en la denuncia de una “guerra económica” en su contra. El mandatario ha renovado con fuerza ese discurso, así como el decreto de “Emergencia Económica”, que amplía sus poderes y le permite esquivar el control de la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición, a la hora de tomar decisiones.

Desde que asumió la presidencia, en abril de 2013, la administración de Maduro se ha caracterizado por el inmovilismo en materia económica, lo que ha agravado vertiginosamente los desequilibrios del modelo levantado durante años por el fallecido Hugo Chávez.

Algunos ministros prometen que en seis meses se verán mejoras en la economía. “Hemos planteado seis meses para estabilizar todo el sistema de producción y distribución”, dijo la semana pasada el titular de la cartera de Industria y Comercio y Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, insistió esta semana en esa idea. “Tenemos un plan que se viene ejecutando en función de que en el segundo semestre sea el periodo en el cual la economía venezolana despliega su recuperación.”.

Pero la población parece haber perdido paciencia. Cifras de la encuestadora Datanálisis revelan que el venezolano se está empobreciendo aceleradamente, que pasa más horas en colas para poder comprar lo esencial y que desconfía de la capacidad del Gobierno para resolver la crisis.

“Lo que hemos visto es el deterioro que viene de una escasez con picos puntuales en categorías que teníamos el año pasado (…) Hoy estás en una escasez generalizada de rubros y categorías, con un incremento exponencial del precio o del costo de esas mercancías”, resume Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

La radiografía de la crisis

Lo que en cualquier lugar del mundo forma parte de la rutina habitual de la gente, en la Venezuela del “socialismo del siglo XXI” se ha convertido en una experiencia frustrante. Hasta el 96% de la población indica que tiene que hacer colas para conseguir los productos que necesita, de acuerdo con las mediciones de Datanálisis.

En esas colas los venezolanos pierden, en promedio, 5 horas a la semana para poder comprar productos básicos como la harina, el aceite o la pasta, cuyos precios están regulados por el Gobierno. Se trata de casi dos horas más del tiempo que había que emplear para esa gestión, con respecto al año pasado. Además visitan, en promedio, cinco establecimientos comerciales para conseguir todo lo que buscan y ha aumentado la frecuencia en la que sale a comprar al pasar de cada 5 días en 2015, a cada 3 días en 2016.  “Lo que indica que estás simplemente yendo a comprar permanentemente porque no estás consiguiendo para hacer tu compra principal”, apunta León.

Ese venezolano que pasa los días en colas y peregrina por varios locales, es también un consumidor más pobre que destina casi el 50% de su presupuesto en gastos para la alimentación, unos 8 puntos porcentuales más con respecto a 2012.

Pero hay más. Los sondeos de la firma indican que 8 de cada 10 venezolanos manifiestan que no pueden pagar los costos de una eventual “emergencia médica”, que sólo 3,9% de los venezolanos dice que está dispuesto a comprar hoy un “bien durable” y prácticamente la mayoría de la población está cambiando su patrón de consumo. “La población está reduciendo al mínimo la recreación pagada en la calle. Restaurantes, cines, fiesta, playa, han venido perdiendo terreno, eso va reduciendo dramáticamente en la costumbre y uso de los consumidores”, señala el presidente de Datanálisis.

La elevada inflación explica ese nuevo paisaje. En 2015 los precios subieron en promedio 180,9% y en los alimentos el alza promedio llegó a 315%, de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV). Las estimaciones de consultoras locales e internacionales, así de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que al cierre de este año la inflación en Venezuela rondará una cifra cercana a los cuatro dígitos.

El Gobierno responde con los incrementos del salario, política a todas luces insuficiente. Entre 2015 y 2016 la pérdida del poder adquisitivo de los estratos D y E, donde se aglutina el 83,9% de la población, fue de 27,3% y 30,3%, respectivamente, según Datanálisis. “Los trabajadores formales son los más afectados con crisis, los asalariados son los que más sufren la crisis porque es imposible acompañar los salarios con la inflación”, explica León.

Una prueba de cómo se ha derretido el poder de compra es que el salario mínimo integral, unos 33.636 bolívares entre salario y ticket de alimentación, compra menos de la mitad de lo que se adquiría con el salario mínimo en mayo de 2007. En otras palabras, lo que se compraba con 1.028,7 bolívares en mayo de hace nueve años, hoy requiere 71.400 bolívares, de acuerdo a cálculos de Econométrica.

Un mercado esquizofrénico

Aparejada a la inflación, la otra variable que explica la realidad del mercado venezolano es la escasez. Empresas de prácticamente todos los sectores a diario anuncian paralizaciones de sus líneas de producción por la imposibilidad de importar materia prima a tiempo debido al freno de las autoridades a la hora de asignar y liquidar dólares en el marco del control de cambio que rige en Venezuela desde 2003.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) informó recientemente que algunas empresas “reportan niveles críticos de inventario de materia prima e insumos” como el azúcar, harina precocida de maíz, trigo panadero y trigo galletero, mientras que en el caso de “aceites, arroz, avena, galletas, harina de trigo, leche en polvo, mayonesa, refrescos, salsa de tomate, pan de molde, bebidas en polvo, embutidos, levaduras, cerveza y malta, existen actualmente líneas o instalaciones de algunas empresas cuya producción se encuentra obligatoriamente interrumpida por falta de materia prima e insumos”.

Una de las compañías más perjudicadas es Empresas Polar, el mayor grupo empresarial privado del país. En abril la empresa paralizó las cuatro plantas que tiene para producir malta y cerveza, la bebida alcohólica más popular entre los venezolanos. La compañía, además, sólo posee maíz blanco hasta finales de mayo para la producción de la harina precocida de maíz marca P.A.N con la que las amas de casa elaboran las tradicionales arepas.

Ese déficit de insumos, aunado a los precios regulados por el Gobierno, ha acentuado las distorsiones en el mercado y multiplicado la práctica del “bachaqueo”, actividad como los venezolanos denominan al comercio informal en el que se revenden los productos básicos.  “El bachaqueo se convierte en la actividad principal del país, es el actor más rentable de toda la economía venezolana”, sostiene el presidente de Datanálisis. A modo de ejemplo, afirma que un paquete de harina para las arepas, cuyo precio oficial es 19 bolívares por kilo, se consigue en la reventa por encima de 1.500 bolívares.

Los empresarios esperan desde hace meses que las autoridades oficialicen el ajuste en productos cuyos precios han permanecido inalterables por meses e, incluso, más de un año. Recientemente el Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, reconoció los efectos negativos que ha tenido esa especie de congelación de precios al indicar que entre 37% y 40% de los productos, bien sea nacionales o importados, no llegan a los anaqueles, sino que se desvían a los mercados informales, e informó que publicarían los nuevos precios en algunas categorías, pero eso aún no ocurre.

En las estanterías de los supermercados cuesta ver algunos de esos productos esenciales, pero se están llenos de bienes que están fuera de la regulación y cuyos precios muestran una tendencia al ascenso. “El crecimiento de los precios de las mercancías no reguladas contrajo el consumo. Ahora vas a ver anaqueles en una perfecta demostración de la esquizofrenia nacional, en ese anaquel no hay leche, pero vas a ver un montón de cosas que cuestan a dólar negro porque nadie la puede comprar, esa es la esquizofrenia del mercado”, explica el presidente de Datanálisis.

Las cifras de la encuestadora revelan que hasta el 66% de los venezolanos considera que el control de precios implementado por el Gobierno genera escasez.

Una crisis sin solución a la vista

Maduro no parece dispuesto a realizar los ajustes que requiere la economía. Por el contario, ha amenazado con profundizar el modelo económico y con frecuencia lanza amenazas contra los empresarios que se han visto forzados a paralizar su producción por falta de materia prima. “Planta parada, planta entregada al poder popular (…) Quien no quiera producir que se vaya de Venezuela”, ha repetido Maduro en alusión a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar.

Los venezolanos no parecen dispuestos a secundar esa medida. Según Datanálisis, el 86,4% de la población está en contra de que el Gobierno tome el control de las plantas de alimentos y casi el 90% considera que expropiar  y “adueñarse de fábricas” es negativo para el país y “destruye la capacidad productiva”.

Pese al rechazo del parlamento nacional, pero con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el mandatario renovó el decreto de “Emergencia Económica” que le permitirá Gobernar sin limitaciones durante 60 días, prorrogables por otros dos meses, tal y como hizo gracias a un decreto similar promulgado a comienzos de año.

El decreto parece anunciar que continuarán las políticas de racionamiento y administración de la escasez, ya que el Ejecutivo nacional podrá autorizar a “los ministros competentes para dictar medidas que garanticen la venta de productos regulados según cronogramas de oportunidad que respondan a las particulares características de la zona o región, prevaleciendo el interés en el acceso a los bienes con el debido control y supervisión, y con el fin de lograr que los artículos de primera necesidad lleguen a toda la población, mediante una justa distribución de productos que desestimule el acaparamiento y reventa de estos”.

Fedecámaras, la mayor organización empresarial del país, rechazó la promulgación del decreto al considerar que se basa en “premisas y supuestos falsos” y que no contribuirá a solucionar la crisis. “Desde el pasado 14 de enero estuvo vigente el primer decreto de Emergencia Económica, el cual se justificó como una vía rápida para dar respuesta a los problemas económicos que agobian a los venezolanos, hoy solo tenemos como resultado: más inflación, mayores niveles de escasez, una galopante corrupción, más líneas de producción detenidas, un deterioro progresivo de los servicios públicos y mayores temores y desconfianza. El nuevo Estado de Excepción y de Emergencia Económica se convertirá, igual que el anterior, en más ruina económica, hambre, carencias y desesperanza”, alertó la institución en un comunicado. 

Los empresarios insistieron en que se necesita “respeto a los derechos de propiedad”, “seguridad jurídica”, una “reforma” al sistema cambiario y una flexibilización progresiva del control de precios, entre otras medidas urgentes.

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F/Diariolasamericas.com

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