Gobierno al banquillo por discriminación política

Al banquillo de los acusados. Allí enviarán a las autoridades venezolanas, quienes deberán responder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su decisión de despedir de sus trabajos, negar documentos o beneficios sociales a los ciudadanos que osan oponérseles o criticarlos, es decir, por imponer una especie de “apartheid” por razones políticas.

El juzgado regional, con sede en San José (Costa Rica), escuchará ese día de boca de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña cómo fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, luego de que firmaran la solicitud para someter al entonces presidente Hugo Chávez a un referendo revocatorio, el cual se celebró el 15 de agosto de ese año y que terminó ganando el fallecido mandatario de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las tres mujeres son las víctimas más conocidas de lo que se bautizó como lista Tascón, un registro que recoge los nombres, apellidos y documentos de identidad de todos los venezolanos que apoyaron la consulta; y que el entonces diputado chavista Luis Tascón obtuvo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que difundió. Sin embargo, no son las únicas.

El caso reviste importancia, pues “es la primera vez que llega a la Corte un asunto por discriminación política. El despido de San Miguel, Chang y Peña es algo accesorio, lo principal, en lo que nos hemos enfocado y en lo que se enfocó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su demanda, es que a estas profesionales se les castigó por su posición política, por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos”, afirmó el abogado Héctor Faúndez, quien es uno de los representantes de las víctimas en este proceso.

Pese a que el jurista consideró que hay elementos suficientes para condenar al Estado, reconoció que las posibilidades reales de reparación para las despedidas son escasas, debido a la negativa del Gobierno a acatar los fallos de la Corte. De los 19 fallos que el tribunal internacional ha dictado sobre Venezuela, solamente dos casos han sido cumplidos parcialmente por las autoridades (casos masacre de El Amparo y Caracazo).

No obstante el poco prometedor panorama, Faúndez afirmó que una eventual condena sería muy importante para Venezuela y la región. “Una sentencia a favor de las víctimas sería parte de su reparación y aunque el Gobierno no la cumpla podría establecer una hoja de ruta, mediante reformas legislativas, para evitar que hechos similares se repitan. La Corte incluso podría ordenarle al Estado que se abstenga de aplicar cosas como el Carnet de la Patria o los censos (con contenido político partidista) para planes sociales”.

En similares términos se pronunció el penalista Jesús Ollarves, otro de los abogados de las víctimas, quien tras afirmar que desde 2004 “hay una política pública para discriminar a los ciudadanos que piensan distinto auspiciada desde las más altas esferas, la cual busca amedrentar y obstaculizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la participación en los asuntos públicos y la asociación”, denunció que en los últimos años se ha producido un perfeccionamiento de los mecanismos para castigar a los venezolanos por sus creencias y opiniones.

“Los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y el Carnet de la Patria son instrumentos para discriminar”, afirmó.

Estudios de opinión revelan que solo el 36% de los venezolanos dice hacer logrado comprar una bolsa de comida en los CLAP y de ese 36%, el 68% se identifica como chavista.

Lo que se verá y escuchará

Las víctimas, por su parte, aguardan la audiencia con ansías. “Es la oportunidad de por fin ser escuchadas luego de 13 años por un jueces imparciales, algo que en Venezuela ha sido imposible”, afirmó San Miguel, quien hoy preside la organización Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada.

Ningún tribunal, ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo actuaron a favor de las mujeres despedidas, aún cuando ellas tenían pruebas de que su despido fue por respaldar el revocatorio, algo que viola disposiciones como el artículo 21 de la Constitución que establece el principio de igualdad.

“Nosotros llegamos hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tanto con las acciones penales como laborales que interpusimos y ambas las rechazaron”, afirmó, al tiempo que anunció que en la audiencia exhibirán una grabación que le hizo al entonces secretario del Consejo, Feijjo Colomine, quien le confesó que el entonces vicepresidente José Vicente Rangel, quien presidía y preside el organismo, ordenó su despido.

“Él me increpó: ¿Cómo se te ocurre firmar contra el tipo que te paga el sueldo?”, relató, al tiempo que criticó que ningún juez se hubiera molestado en llamar a declarar a Rangel.

Pero antes de que el acto comience ya las autoridades han perdido algunas batallas. La representación del Estado solicitó a la Corte que rechazara la intervención de la psicóloga Colette Capriles, el magistrado jubilado Román Duque Corredor y el comunicólogo Oscar Lucien “por haberse pronunciado en reiteradas oportunidades contra el Estado venezolano en materia de Derechos Humanos” o haber escrito un libro sobre la lista Tascón, lo cual revelaría “falta de imparcialidad”.

La petición fue rechazada por el juzgado, informó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, desde donde calificaron de “insólito” que las autoridades cuestionen “a un perito por sus opiniones políticas, en un caso que se trata, precisamente, de discriminación por opinión política”.

Una práctica que no muere

Desde que en 2004 nació a lista Tascón, la misma ha sido aplicada como filtro para despedir funcionarios o negarle trabajo a personas que aspiraban a un puesto en la administración pública, pero también para negarles un documento o un beneficio social y aunque el fallecido Hugo Chávez ordenó que fuera “enterrada” en 2005, se sigue aplicando en distintos organismos del Estado como manera de determinar la filiación política de la persona que acude a ellos.

En los últimos meses funcionarios han dejado en claro que no ven problemas en castigar a alguien por sus ideas. En 2016, con motivo del intento de la oposición por someter a Nicolás Maduro a revocatorio, el ministro de Obras Públicas, Ricardo Molina, afirmó: “El escuálido que firme que se olvide del CLAP, no lo queremos en la cola, que se olvide de la Misión Vivienda, que se olvide de Barrio Tricolor”.

Semanas antes el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió: “No puede haber escuálidos dirigiendo ninguna institución del Estado” y afirmó que unos cuatro mil habían participado en la primera fase del proceso de recolección de firmas del fallido revocatorio.

F/Diariolasamericas.com

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