El Espectador.com: EL AUTORICHAVISMO

Las recientes medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro colocan a Venezuela en un preocupante callejón sin salida. Ante un supuesto golpe, se arroga la facultad de invocar un estado de excepción indefinido que le permite poner en entredicho ciertas garantías constitucionales. El objetivo, ahogar cualquier opción democrática de la oposición y forzarla a protestar en la calle para reprimirla. Es un hecho de extrema gravedad que profundiza el talante autoritario de un régimen que se cae a pedazos.

Las posiciones internas llegan así a un punto máximo de tensión. El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, fue lapidario: “Aquí no va a haber referéndum (…) porque, primero, lo hicieron tarde; segundo, lo hicieron mal, y tercero, cometieron fraude”. Mientras que Jesús Chuo Torrealba, coordinador de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), dijo que “la crisis ha alcanzado un punto de inflexión (…) o se construye con votos una alternativa para rescatar al país o el Gobierno está forzando a un desenlace con la sangre del pueblo. No queremos violencia, pero Maduro apela a la ley de la selva”. Para hoy, la oposición tiene prevista una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya fue desautorizada por el alcalde y podría ser prohibida por el presidente.

Los venezolanos viven así un panorama demasiado sombrío. Un presidente que ya de por sí concentra un excesivo poder, pues controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el CNE, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, ahora neutraliza a la Asamblea Nacional para hacer lo que le venga en gana. El Legislativo, no hay que olvidarlo, tiene dos terceras partes de diputados opositores. ¿Qué busca con este golpe de mano? Como lo dijo Istúriz, dejar en el limbo el legítimo derecho de la oposición a la protesta y a un referendo que está previsto en la Constitución.

La MUD prometió, en la campaña para las legislativas de diciembre pasado, que si ganaba activaría los mecanismos legítimos para buscar la salida del presidente. El triunfo apabullante les permitió aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, pero fue ilegalmente vetada por el TSJ. Simultáneamente comenzó el proceso para el revocatorio, que ha tenido todas las trabas por parte del CNE. Por orden del Ejecutivo dilataron los términos para evitar que el mismo se dé antes del 10 de enero de 2017. Si se hiciera antes, habría que convocar a elecciones presidenciales inmediatas, con la segura derrota de Maduro. Si es después, asumiría el poder el vicepresidente. Pese a todo, el 2 de mayo la oposición presentó nueve veces más firmas que las requeridas para comenzar, prendiendo todas las alarmas en el chavismo. Aquí está la respuesta.

Así las cosas, la única posibilidad democrática de salir de la profunda crisis que lleva a Venezuela al abismo queda, por decir lo menos, embolatada. El régimen obliga a la oposición a salir a las calles a protestar contra el autoritarismo, y todas las plagas que padecen, mientras se prepara para reprimir las protestas alegando el derecho al uso de la fuerza frente al frecuentemente cacareado golpe y la amenaza externa, que les ha servido en estos 17 años de excusa para todo. Involucrar a los militares para realizar unos supuestos ejercicios en estos días, junto con los seguidores oficialistas y las llamadas milicias chavistas, es jugar con candela en un país que está muy cerca de un incierto estallido social.

Como recurso de última hora, tres expresidentes llegaron al país invitados por Maduro para mediar en la crisis: José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana. A pesar de los resquemores que les genere el hecho de quién los invita, la oposición debería aceptar esta opción de diálogo para bajar las tensiones de inmediato. Mientras tanto, hay que condenar el flagrante atropello a la Constitución y el temido uso de la fuerza contra el pueblo por parte del Gobierno.

F/Elespectador.com

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