Venezuela: Sobre el Estado de excepción

Lo que ha ocurrido en Venezuela no es, por definición, un golpe de Estado sino, claramente, la instauración de un Estado de excepción. Un golpe de Estado hubiese implicado la toma violenta de las instituciones públicas y no una decisión judicial. Es evidente, sin embargo, que la decisión judicial tomada cumple a cabalidad –y hace uso– de la Constitución venezolana.

Justamente el carácter constitucional de esta decisión judicial por una parte, y la falta de legitimidad de ésta por otra, nos plantea un problema filosófico sumamente importante que, terriblemente, tiene consecuencias sobre la vida de millones de personas.   Desde una perspectiva jurídica positivista la constitucionalidad es el criterio supremo a partir del cual todas las acciones dentro de un Estado pueden juzgarse como legales o ilegales. La instauración de un Estado de excepción en Venezuela es, en consecuencia, indiscutiblemente un acto legal.

Así, el apoyo político brindado por el Gobierno boliviano a esta decisión parece ser un acto sensato y que -bajo el argumento de constitucionalidad- busca velar por el cumplimiento mismo del derecho pero ¿qué significa en realidad el apoyo brindado por el Gobierno boliviano?

El Estado de excepción mantiene una extraña relación con la ley. Es decir, en palabras de Schmidt: “La autoridad muestra que no tiene la necesidad del derecho para crear derecho”. La excepción es la consumación de la autoridad Estatal; es, paradójicamente, el mecanismo legal por el cual la legalidad se disuelve a la vez que cumple la ley misma.

En Venezuela, precisamente, la absorción jurídica de las potestades parlamentarias -en nombre de la soberanía- por parte del Poder Judicial y Poder Ejecutivo, creó -precisamente- el marco jurídico de un Estado Totalitario. Esencialmente, un lugar donde las decisiones (factum) de la autoridad (Estado) se confunden indisociablemente con el derecho (iuris).

El Estado de excepción, sin embargo, no es un lugar donde exista una prohibición de las normas, es decir, una anarquía; la ley no puede formularse como una prohibición de la prohibición (por ejemplo, se prohíbe prohibir el asesinato). Sino que, en el Estado de excepción, el cumplimiento o  la violación de la ley se convierten en prácticamente indiscernibles.

De esta manera cualquier acto que en una situación normal se encuentra acorde a la ley (la libre reunión y asociación entre individuos, la libre circulación, el comercio, etc.) en el Estado de excepción puede convertirse en una violación e, inversamente cualquier acto flagrante de violación de la ley en una situación normal (asesinato, uso excesivo de la fuerza, sentencia sin un debido proceso, etc.) puede convertirse en un estricto cumplimiento de la misma.

Puede que esta aproximación parezca exagerada; Venezuela es un país que cuenta con autoridades elegidas democráticamente -por lo tanto, legítimas, y que haciendo uso de la Constitución han dado cumplimiento a la misma. Esto es cierto aparentemente, pero ¿existirá alguna situación precisamente similar (elección democrática, aplicación constitucional para la absorción de poderes o suspensión, etc.) que pueda ilustrarnos mejor sobre la situación venezolana? Claramente esta situación (jurídica aunque también política) nos hace pensar inmediatamente en el Tercer Reich.

En febrero de 1933 -es decir con Hitler ya nombrado  como Canciller- motivado principalmente por el incendio del Reichstag se estableció el “Decreto para la protección del Pueblo y del Estado”  que, básicamente, procedía a suspender hasta nuevo aviso los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 153 de la Constitución de Reich.

Dichos artículos se encontraban referidos a las libertades personales. A través de este simple mecanismo legal (que luego fue confirmado por la “Ley de Autorización” de marzo del mismo año) se dio forma jurídica al Estado de Excepción Nazi.

En ambos casos los instrumentos jurídicos (ya sean de carácter judicial o legislativo) fueron plenamente legales y, en ambos casos (Alemania y Venezuela respectivamente) fueron utilizados con el fin de suspender (o absorber) ciertos derechos o potestades vinculadas a representantes específicos.

Sin embargo, lo mas terrible de esta situación  -el establecimiento de un Estado de Excepción (el Tercer Reich)-  es que, a todas luces y desde la legitimación legalista, los campos de concentración fueron Instituciones (¿?) de Derecho. Este problema, que fue observado ya por Hannah Arendt, no sólo se convierte en un problema más o menos jurídico (por ejemplo, en una evidente inadecuación para juzgar a los responsables de los campos de concentración a través de una legislación impropia, en este caso a través de las leyes del Estado de Israel) político (por ejemplo, la valoración de las acciones ¿publicas? ¿privadas? de los prisiones en los campos) acaso y principalmente filosófico, la legitimidad de las decisiones político-jurídicas.

¿Existe alguna base más o menos moral o pre-moral del Estado de derecho? ¿Cuáles serían estas nociones básicas de justicia? ¿Dónde reside la legitimidad? Si, justamente en los casos extremos (y difíciles como el de Venezuela) defendemos los hechos a través de una legitimación legalista encontramos el umbral -que es tanto el comienzo como el fin- del argumento constitucionalista (positivo) del derecho. Y, si cometemos este error (nuevamente) no sólo estamos justificando los errores del presente o de un futuro; sino, terriblemente, estamos justificando los horrores del pasado.

F/Paginasiete.bo

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