Supremo venezolano anula parcialmente poderes de control de Parlamento

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A través de una sentencia publicada este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela congeló la capacidad contralora de la Asamblea Nacional al decidir que el Legislativo –de mayoría opositora tras las elecciones del 6 de diciembre- no podrá interpelar a miembros de la Fuerza Armada ni revisar (mucho menos remover) el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El máximo tribunal también decidió imponer condiciones al Parlamento para la interpelación de funcionarios públicos “con el objeto de ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el normal funcionamiento de los Poderes Públicos”, señalando que cualquier llamado a funcionarios debe coordinarse con la Vicepresidencia de la República, limitarse exclusivamente a los miembros del gabinete a quienes se le harán preguntas por escrito y se les permitirá responder de la misma manera.

En un largo entramado de interpretaciones, la Sala concluye que los llamados del Parlamento a los funcionarios de cualquier otro poder o institución del Estado son intromisiones que distorsionan el equilibrio entre los poderes públicos. En ello ordena la “desaplicación” de varios artículos de la Ley de Comparecencia de Funcionarios Públicos y del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, asegurando que establecen un “control difuso”.

Sobre la Fuerza Armada solo podrá responder el Presidente de la República en su condición de Comandante en Jefe, prosigue el documento que también declara como “ilegítima” la comisión nombrada por la Asamblea Nacional que estudió la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes el 23 de diciembre de 2015.

Esta comisión concluyó el lunes que al hacer esos nombramientos el saliente Parlamento de mayoría chavista incurrió en al menos 17 irregularidades, entre ellas no respetar los lapsos para la postulación de los candidatos ni los de las impugnaciones a las candidaturas y admitir candidatos con insuficientes credenciales académicas e imparcialidad política para ejercer como magistrados.

Con ese documento en mano, la nueva Asamblea se disponía a impugnar estos nombramientos e impulsar un nuevo proceso para designación de magistrados, pero la sentencia del Tribunal Supremo, además de anular a la comisión, asegura que el Parlamento no puede revisar nombramientos hechos en el pasado.

“Constituye un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas (…). Crear una atribución distinta, como sería la revisión y nueva ‘decisión o decisiones’ sobre los procesos anteriores de selección y designación de magistrados y magistradas, incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial”.

La decisión del TSJ, además de recortar abiertamente las competencias del Poder Legislativo, no fue la única actuación del oficialismo en contra de la Asamblea Nacional, a la cual le ha declarado abiertamente una guerra institucional. Decenas de manifestantes chavistas se apostaron este martes en los alrededores de la sede del Parlamento arengando contra la nueva Asamblea, impidiendo el paso de diputados opositores y periodistas que acudían a la sesión ordinaria del martes.

Los gritos de los oficialistas fueron apoyados por diputados del “bloque de la patria” que explicaron claramente la posición del gobierno frente al nuevo Legislativo: “Vamos a protestar hasta que esta Asamblea Nacional caiga”, dijo el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez.

Visiblemente molesto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró no estar sorprendido por la sentencia, pero señaló que su despacho la responderá en los próximos días. Ramos también fue llamado a declarar ante la Sala Constitucional del TSJ, una instancia a la que tanto él como el resto de la oposición ha denunciado como usurpadora de la voluntad popular.

F/ELTIEMPO

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