Resignada, la oposición califica a Maduro como “nuevo rey de Venezuela”

El Tribunal Supremo de Justicia [TSJ] emitió una sentencia donde declara rey a Nicolás Maduro”, denunció ayer la diputada Delsa Solórzano, en un intento de describir hasta dónde llega el último golpe revolucionario contra la Asamblea y la oposición. Una descripción que, no obstante, se queda a medio camino a la hora de representar el nuevo statu quo reinante en Venezuela, ya que incluso un monarca europeo tiene menos poderes exorbitantes que los destinados para el “hijo de Chávez”.

Al tanto del alcance, Nicolás Maduro cantó a todo pulmón su “victoria popular”, revestido de nuevos superpoderes por obra y sentencia del TSJ y campeón de la batalla diplomática en la OEA, pese a que perdió la única votación del martes en Washington. “Una sentencia histórica en defensa de la soberanía e independencia de la patria”, resumió el presidente con alborozo.

Poderes que el TSJ ha arrebatado con arbitrariedad revolucionaria al Parlamento y entregado en bandeja al jefe del Estado para evitar un futuro “estado de conmoción” y revisar todas las leyes que sean necesarias para conjurar “los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y la gobernabilidad del país”. Como si el alto tribunal hubiera vislumbrado en su bola de cristal que algo muy grave va a ocurrir en Venezuela, regalando unos poderes que en resto del mundo sólo se entregan al presidente cuando la supuesta conmoción ya se ha producido.

Cheque en blanco, según constitucionalistas y analistas políticos expertos en los manejos de la revolución. “Sentencia insólita, inválida e inaceptable”, resumió ayer la Mesa de la Unidad Democrática en un comunicado. “Un duro golpe a la democracia asestado por el gobierno de Maduro y los poderes públicos subordinados a él”, subrayó la coalición opositora.

La gravedad de la maniobra revolucionaria provocó que 45 ONG se unieran para alertar sobre sus temores: la declaración del estado de conmoción, el paso siguiente al estado de excepción, vigente desde hace 14 meses junto al estado de emergencia económica, que “por la vía de los hechos ha sustituido a la Constitución como máximo cuerpo normativo de la nación”.

La Constitución establece un período máximo de seis meses para el estado de excepción, otra norma violada por el Ejecutivo con la complicidad del TSJ. El chavismo impuso esta vía a principios del año pasado, tras su derrota en las elecciones para la Asamblea Nacional. La ley habilitante, usada hasta entonces tanto por Hugo Chávez como por su sucesor, necesita para ser aprobada de una mayoría parlamentaria, que ya no mantienen, .

“Como hemos advertido, la justicia se presta al servicio de la destrucción de la democracia, restringiendo los derechos constitucionales con miras de preservar la permanencia en el poder”, continúan las ONG, entre las que se encuentran las más prestigiosas del país: Provea y Acción Solidaria (recientemente hackeadas), Foro Penal, Espacio Público y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social.

El veredicto del Supremo también convierte a Maduro en una especie de superjuez, capaz de ordenar el encarcelamiento de los diputados opositores por traición a la patria, una vez pulverizada su inmunidad parlamentaria.

Los señalados por el presidente o por su Comando Nacional Antigolpe, de reciente creación, pueden ser privados de su libertad saltándose los trámites de allanamiento a su inmunidad y del antejuicio de mérito en la Asamblea, eliminando a la fiscalía general, imponiendo la jurisdicción militar para ser condenados por traición a la patria.

Un experimento por adelantado que ya sufre el diputado suplente Gilber Caro desde mediados de enero, cuando fue detenido junto a su novia acusado de terrorismo. Una “cacería de brujas” basada en “absurdos elementos conspirativos” contra el dirigente de Voluntad Popular, partido del preso político Leopoldo López, según la denuncia pública de Amnistía Internacional.

De esta forma, los diputados pasan a sufrir la misma indefensión jurídica que el resto de sus compatriotas. Actualmente 115 prisioneros políticos esperan en las cárceles del país la aplicación de la ley de amnistía, anulada también por el TSJ. Una veintena permanece entre rejas pese a haber dictaminado distintos jueces su libertad, orden desoída por autoridades militares y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin).

En esta guerra del David anoréxico contra el Goliat hormonado con todos los poderes, cartas como la enviada ayer por la canciller de la Unión Europea suponen más que un espaldarazo.

Federica Mogherini reiteró su compromiso para que en Venezuela haya elecciones, se libere a los presos políticos y sea devuelta la legitimidad arrebatada a la Asamblea Nacional. “No estamos solos y la lucha tiene un fin muy concreto, las elecciones en Venezuela”, se congratuló Julio Borges, presidente del Parlamento, en medio de la tormenta.

Nicolás Maduro – Presidente de Venezuela: “Es una sentencia histórica en defensa de la soberanía e independencia de la patria”, dijo Maduro sobre la eliminación de la inmunidad de los diputados.

Además, el presidente venezolano puede poner a disposición de jueces de tribunales militares a los parlamentarios que considere “traidores a la patria”.

F/Lanacion.com.ar

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