Presupuesto 2017 aún espera por su publicación

A casi cuatro meses de su consignación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Presupuesto Nacional correspondiente para el ejercicio fiscal 2017 sigue siendo un misterio para los venezolanos.

A la fecha, solo se conoce, formalmente,  el “endeudamiento” de la nación para el ejercicio en curso, luego que saliera publicado en la Gaceta Oficial N° 41.009, a través del decreto N° 2.483, en octubre pasado.

El año pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó por decreto el documento, pasando por alto la Asamblea Nacional por estar en “desacato” y una decisión inédita en la historia del país.

Pero, el 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del TSJ declaró como legal los decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley 2.482 y 2.483, contentivos de los Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 7 y N° 8, respectivamente. 

La Ley N° 7 correspondía al dictado del Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017, señaló la sentencia N° 1190, pero el documento aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial y se desconoce su contenido. 

Ayer, la Comisión de Finanzas de la AN rechazó la sentencia del TSJ que declaró constitucional la Ley del Presupuesto presentada por Maduro.

El presidente de la comisión, José Guerra, aseguró que se violó el artículo 312 de la Constitución. “El TSJ no está para aprobar leyes, el presupuesto es una ley, el endeudamiento es otra ley y el TSJ no aprueba leyes, las leyes las aprueba la AN”.

Sobre el tema, los economistas alertan que es “urgente” conocer el texto con detalles y su contenido relacionado con la planificación, las inversiones y el destino de los recursos que ingresan a la nación, en su mayoría, por la renta petrolera.

“El presupuesto aún no ha sido publicado completo. Este es mecanismo muy importante y que se debe dar a conocer (…) pues es un instrumento que engloba todo el manejo de la política fiscal de Venezuela y  debería documentar con sumo detalle las estimaciones de los ingresos y gastos por parte del Ejecutivo, así como las necesidades financieras del país. Allí también se detallan las inversiones y de dónde provendrán los recursos”, expresó el economista egresado de la UCV, Rafael Vivas.

A la fecha, se conoce que su monto asciende a 8 billones 479.301 millones de bolívares (unos $ 12.800 millones a la tasa oficial más alta). La base mínima del precio del petróleo se calculó a 30 dólares. y que además, el 83% del presupuesto se pagará con la recaudación de los “impuestos internos”, mientras que el otro 3,2% se pagará con ingresos petroleros.

Igualmente, el Presidente, en varias alocuciones, indicó que el 11,9% del presupuesto se va a financiar con “dividendos y aportes especiales” de las empresas socialistas del Estado, el 73,6% de los recursos irán directo a las misiones y 577 mil millones de bolívares irán a los proyectos elaborados por los consejos comunales.

Comparándolo con el documento de 2016, el actual representa un incremento de 447,55% frente al gasto inicial aprobado en el período anterior que fue de unos 1,54 billones de bolívares.

El economista Ricardo Martínez también aseguró, a este rotativo, que el presupuesto de una nación “es un mecanismo fundamental. En el mismo se detalla a dónde se direccionarán las políticas fiscales del Poder Ejecutivo en la construcción y desarrollo del país. Me parece grave que se conozcan pocos detalles sobre su contenido. Ya la Sala  decretó su constitucionalidad, pero el documento no está publicado”.

Opinó que “la ruta democrática de este país establece que está en manos de la Asamblea Nacional aprobar dicho mecanismo, tal como lo establece la propia Constitución en su artículo 313. La Sala Constitucional del TSJ emite son sentencias, no está dentro de sus competencias analizar con detalles documentos tan importantes como el Presupuesto de la Nación 2017 (…) este es un instrumento económico que debe ser debatido por todos las instancias”.

El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño, insistió, recientemente que “la Sala Constitucional puede ejercer legalmente las funciones del Parlamento”. Sobre la evaluación del presupuesto por la instancia judicial aseguró “que tiene la competencia para hacerlo y está establecido en la Carta Magna. El país en materia económica no se va a paralizar (…) tampoco se va a usar el (presupuesto) del año pasado porque ya existe uno y que presentó el propio Presidente”.

Argumentó que “si el Presidente necesita (…) la aprobación de un crédito adicional o el permiso para un viaje mayor de cinco días, se las envía a la Sala Constitucional y mediante una evaluación decidirá su pertinencia. Él (Maduro) no puede acudir a un órgano ilegal cuyas decisiones son nulas y la actual directiva de la Asamblea tampoco podrá bloquear las decisiones económicas”.

Guerra, por su parte, destacó que “estamos dispuestos a revisar el endeudamiento público y contratos de interés nacional, mientras sean aprobados por la Asamblea Nacional”.

“Cualquier endeudamiento en moneda extrajera en la forma de emisión de un bono soberano, canje de deuda, préstamo bilateral o multilateral que no esté aprobada por la (AN) es nulo”, dijo el parlamentario.

F/Panorama.com.ve

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