Militares venezolanos se toman la justicia por sus propias manos

“A mi hermano se lo llevaron el día 16 [de octubre], junto con más de 12 muchachos, pero a algunos los fueron soltando mientras que a otros no”, relató Kelly Mejías, conteniendo las lágrimas, mientras esperaba el martes que en la Medicatura Forense de Caracas le dieran los restos de su hermano, Yorman Mejías, uno de los 12 jóvenes que entre el 16 y 19 de octubre fueron aprehendidos por efectivos del Ejército, en Barlovento (Miranda), y cuyos cadáveres fueron hallados entre el viernes y sábado pasados en sendas fosas comunes.

Con el paso de los días, la conmoción y la alarma en el país ante la llamada “masacre de Barlovento” ha ido creciendo, en particular tras conocer que ninguna de las víctimas estaba solicitada por algún delito, ni tenía antecedentes, sino que eran simples campesinos, que además sufrieron una muerte cruel a manos de los uniformados que los aprehendieron, los cuales forman parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), el último plan del Gobierno para intentar reducir los altos índices delictivos del país y en el que participaban más de 25 mil miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Al conocerse del hallazgo de los restos de los campesinos, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se apresuró en calificar de “hecho aislado” lo ocurrido y aseguró que el mismo “contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa, en modo alguno, el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria, forjada a la luz de la revolución bolivariana, toda vez que en su accionar diario se exige el más absoluto respeto a los Derechos Humanos”.

Sin embargo, los hechos contradicen la afirmación del funcionario pues días antes de que se conociera de esta masacre (11 de noviembre) en la localidad de Cariaco, ubicada a unos 582 kilómetros al este de Caracas, nueve personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas a manos de cinco guardias nacionales (policías militarizados) durante una supuesta operación contra el hampa.

Y, por último, este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que su despacho pidió detener a siete militares más acusados de torturar hasta morir a un adolescente, también en Barlovento, a finales de noviembre.

Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazaron la posición del ministro. “Sumamos más de 850 muertes en la OLP (…) El Alto Mando no puede escurrir su responsabilidad diciendo que son hechos aislados, porque eso no se compadece con la realidad. La realidad nos señala que hay una política recurrente y que la FAN viola Derechos Humanos”, denunció Inti Rodríguez, coordinador del Equipo de Investigación de la agrupación.

En el mismo sentido se pronunció Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, quien aseveró: “No basta con una sentencia, con un reconocimiento de la culpa por parte de las autoridades sino que se requiere de una transformación del cuerpo responsable”. La red ha sido la organización que ha acompañado a los familiares de los campesinos desaparecidos y ajusticiados.

Como en el pasado

Tras aseverar que lo ocurrido en Barlovento y Cariaco es producto de la “política de mano dura y de la militarización de la seguridad ciudadana, la cual no solo es inconstitucional sino que como ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abre las puertas a abusos, porque los militares no están formados para combatir el crimen”, Rodríguez afirmó que estas masacres no tienen que envidiarle nada a las ocurridas en décadas pasadas y de las que el chavismo ha hecho propaganda.

Pese a que hasta el momento 21 uniformados están tras las rejas y dos más se encuentran bajo misiones de búsqueda y captura, el activista atribuyó a la impunidad que los abusos en la OLP se hayan vuelto “el pan nuestro de cada día”.

“¿Qué investigación seria se ha adelantado? Ninguna”, dijo, al tiempo que cuestionó la actitud de las autoridades, empezando por el presidente Nicolás Maduro, frente a las críticas a este plan: “Las ejecuciones extrajudiciales son un problema de vieja data en Venezuela, pero ahora tenemos a funcionarios que alientan a los policías y militares a enfrentar a los delincuentes como si fueran unos invasores”.

El actual ministro del Interior, Néstor Reverol, como su predecesor, Gustavo González López, ofrece con frecuencia balances sobre la OLP, en las cuales ha utilizado expresiones tales como: “Se dieron de baja a 19 criminales”.

No obstante las críticas, Rodríguez reconoció que el Ministerio Público no se ha limitado a abrir averiguaciones, sino que ha cuestionado públicamente estos procedimientos. “Si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más indefensos, porque estaríamos en una situación muy grave como sería criminalizar a los más pobres y, además, eso propicia más la violencia. Estas operaciones ejecutadas en esta forma no ayudan a la paz, no contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, exacerban la violencia”, declaró el miércoles la fiscal.

Desde el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz aseguraron que de las 245 investigaciones por presuntas ejecuciones en el marco de la OLP que tenían hasta diciembre pasado, ese número pasó a 333 y en la actualidad hay más de 1.000 policías y militares investigados.

Sin embargo, Rodríguez fue duro con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab. “Ahora es que está hablando, pero antes no había dicho nada pese a las decenas de denuncias que ONG y víctimas le han llevado”.

El propio Saab no descartó que el número de muertes en Barlovento crezca pues en los últimos días su despacho ha recibido cinco nuevas denuncias de desapariciones y desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz manejan informaciones de que hay más hombres cuyo paradero se desconoce, pero sus familiares temen denunciarlo.

De cumplirse los augurios del Defensor, aquella frase del Libertador Simón Bolívar: “Maldito el soldado que empuñe las armas de la República contra su pueblo” seguirá siendo solo eso: una frase.

Datos a tener en cuenta

¿Los militares pueden participar en la lucha contra el crimen? No. El artículo 332 de la Constitución establece claramente que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna” y solo permite, en algunos casos, la intervención de los militares para restablecer el orden interno.

¿La OLP ha ayudado a disminuir la violencia? Los datos del Ministerio Público revelan que no pues en el primer trimestre de 2016 se registraron en el país 4.696 casos frente a 4.393 del mismo período de 2015, es decir un 7 % más.

¿Qué tan grave es el problema? No hay policía u organismo de seguridad y Defensa que no tenga a un miembro investigado por presuntamente violar Derechos Humanos. Entre 2011 y 2016, 1.775 funcionarios civiles y militares fueron acusados por estar presuntamente implicados en violaciones a los Derechos Humanos. De este número, 786 fueron acusados por homicidios y 989 por tortura, trato cruel e inhumano, informó la vicefiscal Alix Boscán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recientemente. Asimismo, ONG calcula que anualmente policías y militares ejecutan a 1.000 personas y luego tratan de hacerlas ver como si fueran enfrentamientos.

F/Diariolasamericas.com

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