Las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen en una caldera infernal.

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Por uno u otro motivo, a Colombia y Venezuela les ha sido siempre muy difícil mantener acuerdos e instituciones para atender la compleja problemática fronteriza compartida y aprovechar la intensa vecindad en beneficio mutuo. Esos factores, que por años se han ido combinando, terminaron por marcar en el 2015 un peligroso hito binacional.

Juan Manuel Santos y Hugo Chávez habían intentado hacerle frente a la problemática compartida con una fluida comunicación y acciones conjuntas. Pero con su sucesor la relación volvió a los sobresaltos. Sin el carisma de Chávez y enfrentando impugnaciones de su estrecho triunfo, Nicolás Maduro se concentró en concretar el respaldo de la alianza chavista cívico-militar.

Recibió una grave crisis económica y avances sociales en retroceso, pero, en vez de enfrentar los problemas, resolvió achacarlos a amenazas externas, continuó paralizando la producción nacional y postergó los correctivos para no pagar sus costos en las elecciones legislativas. Mientras tanto caían los precios del petróleo y las divisas, y aumentaban déficits, deudas, desabastecimiento, escasez e inflación.

Esas situaciones, más la diferencia de cambios y precios con Colombia y los problemas fronterizos compartidos (precaria presencia estatal, corrupción, inseguridad, ilegalidad, falta de opciones de desarrollo o de protección ambiental) aumentaron el poder de redes transfronterizas ligadas con grupos armados legales o ilegales, que articulan distintos contrabandos de gasolina, ganado, armas y bienes importados y subsidiados por Venezuela. Aunque los gobiernos de Santos y Maduro han tomado algunas medidas al respecto, han primado los desencuentros.

En medio de las tensiones, Santos ha hecho distintas alusiones críticas de la situación venezolana (necesidad de auditoría de resultados de elecciones presidenciales, petición de respeto a los manifestantes, solicitud de libertad de los presos políticos y de diálogo con la oposición).

Maduro y Diosdado Cabello respondieron culpando a Colombia de los problemas de su país y de la frontera, y acusando a su vecino de estar fraguando un complot para derrocarlos y arrebatar territorio, de introducir paramilitares y de confabularse con Estados Unidos y los migrantes venezolanos para adelantar una guerra económica. Por fortuna no se afectó el apoyo a las negociaciones con las guerrillas.

En 2015, el desencuentro llegó al extremo. Maduro revivió el problema limítrofe con un decreto que bloqueaba la proyección marítima de La Guajira y los derechos de Colombia. Por primera vez en la historia impuso un cierre unilateral de todos los pasos fronterizos en forma progresiva e indefinida, militarizada y bajo estado de excepción.

Realizó deportaciones colectivas de colombianos sin juicio previo ni debido proceso, sin bienes ni familias de indocumentados y de personas con situación migratoria legal, refugio o protección humanitaria. Les siguieron huidas masivas.

Ni el encuentro entre Maduro y Santos gestionado por las presidencias de Unasur y la Celac, ni las reuniones de ministros de defensa y de las fuerzas armadas han logrado sacar la relación de esta caldera infernal. El cierre desvía los problemas y estrangula lo poco que queda de emprendimiento legal, y agrava la situación fronteriza.

Los diputados recién electos en la frontera asumen el mayoritario resultado opositor como un plebiscito por su reapertura y dicen que la tramitarán en la nueva Asamblea.

Urge institucionalizar el diálogo intergubernamental incorporando actores fronterizos para asumir en forma cooperativa su complicada trama. Y para no desaprovechar la oportunidad de cambios que abre el 6D en Venezuela y el probable fin de la confrontación armada colombiana que exige reconvertir esas zonas donde el conflicto se enquistó.

F/ EL TIEMPO

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