La MUD alista agenda ante un chavismo retador

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Tras la sólida victoria en contra del oficialismo con más de 2,3 millones de votos de diferencia en las pasadas elecciones legislativas de Venezuela, la oposición ha comenzado a calmar, con anuncios concretos, los posibles temores de esa parte del chavismo que le dio su voto de confianza.

La primera es la aprobación, tan pronto sea posible, de la ley de misiones para todos, con la que se elevaría a rango de ley el que cualquier venezolano pueda ser beneficiario de los programas sociales del Gobierno, sin distingo de su filiación partidista.

La segunda busca que las miles de familias que han sido beneficiadas con una vivienda por la Gran Misión Vivienda Venezuela reciban el título de propiedad de sus apartamentos, pues hoy solo cuentan con el derecho a vivir en ellos, pero sin ser dueños.

En un sistema presidencialista como el venezolano, el plan que pretende delinear la oposición –que además de leyes quiere “recuperar su rol de poder autónomo, controlar y verificar”, según le dijo a este diario el diputado electo Henry Ramos Allup– luce ambicioso, ya que a estas alturas no se ha abierto una opción de contacto con el chavismo en el Gobierno.

En cambio, este se ha volcado a cerrar filas en torno al presidente Nicolás Maduro, que ha advertido que no dejará avanzar las iniciativas del nuevo parlamento.

Aunque el logro de la mayoría calificada da una primera respuesta a cualquier intento de freno, el parlamento saliente de mayoría oficialista ha optado por aprobar leyes que son parte del proyecto revolucionario –como la ley para la comunicación del poder popular, que tenía años guardada– y amarrar a funcionarios de su confianza para que integren las vacantes de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La MUD planea también aprobar una ley de amnistía para unos 80 presos políticos, entre ellos Leopoldo López, pero Maduro ya adelantó que la vetará.

Decisiones que plantean un choque de poderes que la oposición aún no quiere asumir. “Acá no va a haber un conflicto de poderes”, reiteró Jesús Torrealba, secretario general de la MUD. “En todo caso, lo que está planteado, si el Gobierno quiere sabotear toda iniciativa, es el poder del pueblo versus el de la burocracia atrincherada (…). Si mantienen posiciones irreductibles, sería inevitable estudiar las opciones que nos deja la Constitución –incluida la revocatoria–, pero nuestra prioridad no es una vendetta política”.

La Constitución establece que la Asamblea Nacional debe enviar todos los proyectos de ley, una vez aprobados, al Presidente, quien tiene la potestad de hacer observaciones y firmarla para su promulgación.

Si Maduro se niega, la misma Constitución establece que el parlamento puede aprobarla y hacerla oficial sin su consentimiento. Por ese lado, no habría peligro de que se “congele” la labor parlamentaria.

No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia, por la vía de la Sala Constitucional, podría “interpretar” como anticonstitucional el contenido de alguna ley que promulgue la Asamblea, en cuyo caso podría derogar algunos de sus artículos o la ley completa.

La mayoría de los miembros del citado tribunal hacen parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero las revisiones constitucionales no son un procedimiento ordinario, ni se aplican regularmente, por lo que cuesta imaginar que, en el futuro, el poder judicial vaya a derogar constantemente normas aprobadas por el parlamento. Sería una intromisión absoluta, y muy censurable, en la independencia de poderes.

F/EL TIEMPO

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