Enmienda de la Constitución no podrá recortar periodo de Maduro

Aunque solo ha pasado su primera discusión dentro de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ya desestimó el proyecto de enmienda constitucional que prepara la mayoría opositora del Parlamento para recortar el periodo presidencial de seis a cuatro años.

En una interpretación exprés descartó que, de ser aprobado en referéndum consultivo, dicho recorte pueda ser aplicado al mandato del presidente Nicolás Maduro.

“La Sala Constitucional (del Supremo), conociendo demanda de interpretación, determinó que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata; en tanto, admitir tal supuesto constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía”, publica oficialmente el máximo tribunal.

La decisión es un ladrillo más de la pared que ha puesto el TSJ a cualquier tentativa de legislar por parte del parlamento. El presidente de la comisión de Política Exterior, Luis Florido, rechazó la decisión asegurando que el Poder Judicial no tiene potestad para interpretar las enmiendas, en tanto que estas son sometidas a referendos consultivos y es la gente, al votar, quien tiene la última palabra.

Este nuevo fallo del TSJ ocurre apenas 24 horas después de otra sentencia de la misma Sala Constitucional que deroga seis artículos del Reglamento Interior y de Debates del parlamento que eliminan, entre otras cosas, la potestad del presidente de la Asamblea de llamar la atención a los diputados e impedir su derecho de palabra.

Además, establece que todos los proyectos de ley deben pasar primero por el Poder Ejecutivo, el cual evaluará su “viabilidad económica” para dar o no su visto bueno.

Esta sentencia, que limita el poder del Parlamento y supedita la aprobación de leyes al Ejecutivo, no ha sorprendido tanto por su contenido como por responder a una solicitud de reforma del reglamento introducida en el año 2011 por varios diputados de la oposición contra la gestión del entonces presidente del parlamento Diosdado Cabello, quien acostumbraba a callar a los parlamentarios opositores y negarles el derecho de la palabra.

El Tribunal, que entonces “congeló” la petición, respondió cinco años después asegurando que está dando “expresa respuesta a la solicitud de los accionantes”. 

F/EL TIEMPO

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