El desaguadero por el que el chavismo desangra a Venezuela: Empresas del Estado

Ocupan, como un gigantesco agujero negro, un espacio cada vez mayor de nada; ahogan la actividad particular en sectores tan diversos como petróleo, manufactura, construcción, hierro y acero, alimentación, banca, cemento y electricidad; “ocupan” a 400.000 personas, aunque son directamente responsables de la caída del PIB en Venezuela, estimada en -35 % en los últimos cuatro años. También son el conducto por el que la “cleptocracia” del chavismo alimenta sus estructuras clientelares y su gigantesca corrupción.

Son las 526 empresas de propiedad estatal (EPE) identificadas por Transparencia Venezuela en su informe: Empresas propiedad del Estado en Venezuela: Un modelo de control del Estado, divulgado el jueves 29 de septiembre en Caracas, en donde se condensa la investigación que por año y medio realizó esta ONG dedicada al control de la administración pública, con asesoría de economistas y expertos.

Los años de mayor expansión del “Estado empresario”, como lo define Transparencia, fueron 2007, cuando, borracho de poder, el “comandante eterno” creó (o expropió, o confiscó) 45 empresas, luego de ganar arrasadoramente las elecciones del año anterior, ofreciendo, justamente, “socialismo”; y 2013, el año en el que llegó al poder Nicolás Maduro, cuando se crearon, señala la ONG, 47 empresas.

La cifra es desproporcionada si se considera que en un país de fuerte tradición estatista, como Argentina, el número de empresas públicas es de 52 (para una nación de 44 millones de habitantes); en Brasil, con sus más de 200 millones de personas, el número de empresas estatales es de 130.

En 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, en Venezuela existían 74 empresas estatales.

Señaló Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, que 526 fueron las empresas estatales que la ONG logró identificar (puede haber más); y que estas solo son empresas del Estado central, es decir, no se contabilizaron las empresas en las que los propietarios son gobernaciones y alcaldías.

Enumeración de fracasos

La lista del fracaso de la economía venezolana casi parece inversamente proporcional al número de empresas estatales creadas por el chavismo: el dinero público se centra en manufactura (132 empresas, 25 % del total); agroalimentación, ganadería y pesca (70 empresas, 13 % del total); servicios (37, 7 % del total identificado) y construcción (29 empresas, 5,5% del total).

Ni siquiera es necesario contar la situación en alimentación. Bástese destacar que el sector construcción es uno de los que más han decrecido en estos cuatro años, y que la manufactura no se queda detrás.

El documento pone la lupa en una empresa como Lácteos Los Andes, estatizada en 2008: la producción cayó 22 % entre 2012 y 2015, mientras se invirtieron $227,5 millones en obras de ampliación entre 2011 y 2015 (que bien hubieran servido para dotar hospitales o escuelas), y su nómina se ha incrementado en 114 %.

Su producción es hoy inferior a la de hace nueve años, y tiene una planta en construcción paralizada, pese a que en esta se invirtieron más de $50 millones, destaca Transparencia. De Freitas indica que la mejor prueba de su declive está en la calle. En 2008, los productos Los Andes estaban en todas partes; “vayan a buscarlos hoy, no se consiguen en ningún lado”. Algo que es evidente en las depauperadas estanterías de los comercios venezolanos.

Pérdidas y desmoralización

Transparencia Venezuela, luego de identificar las empresas públicas, seleccionó una muestra de 256 para 2016 y de 254 para 2017, que, según el Presupuesto Nacional de estos dos años (que no ha sido controlado por la Asamblea Nacional en virtud del desconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro a la voluntad popular de los venezolanos en diciembre de 2015), se les hicieron transferencias por 6,04 billones de bolívares en 2016, que subieron, en virtud de la grave inflación que vive Venezuela, a 19,8 billones (millones de millones) en 2017. Muchas de ellas, antes de ser confiscadas o expropiadas por el “socialismo”, no solo no eran una carga para el fisco nacional, sino que pagaban impuestos.

Las empresas, combinadas, perdieron, según el análisis de Transparencia, 1,29 billones de bolívares en 2016, siendo el peor caso el de PDVSA, con pérdidas de 775 mil millones de bolívares (60 % del total), seguido por Corpoelec (Bs. 149 millardos, 11 % del total). Si en el absolutamente inestable bolívar no se entiende el monto de la pérdida, ayudará saber que fue más que lo que se destinó, en el mismo presupuesto nacional de 2016 a educación, salud o vivienda.

Aunque el informe no se centra en muchos casos en gestión operativa, en el de Sidor destaca que la producción de acero líquido ha caído un 90 % desde 2008, y la de productos terminados en casi un 100 %. Su personal se ha más que duplicado y la empresa tiene conflictos laborales permanentemente.

Esta empresa es emblema de la incapacidad del Estado para dirigir la economía: la acería, creada como empresa estatal en los 60, y con graves y crecientes déficits a partir de los 80, fue nacionalizada en los 90, antes de la llegada del chavismo al poder. Techint, el grupo argentino que ganó la licitación (pública y abierta), logró convertirla en una planta operativa, en crecimiento y que gneraba ganancias. En 2007, Chávez recompró la industria, en el marco de su plan bandera “Guayana Socialista”. El resto de la historia está explicado en el párrafo previo a este, y el plan ha sido exitoso: Guayana está en ruinas, lo cual es socialismo en estado puro.

Índice de “Cleptocracia”

Otra característica de la gestión de las empresas propiedad del Estado es el constante traspaso de organismos de adscripción.

Los Andes, por ejemplo, fue comprada por PDVSA (?), adscrita al Ministerio del Petróleo posteriormente, luego al de Agricultura y Tierras y luego al de Alimentación. En ocho años (y esta, señala Transparencia, es otra característica de las empresas de propiedad del Estado), ha tenido cinco gerentes generales. La rotación de cargos es una de las peores plagas que acechan a estas compañías.

La tercera característica en común es que en muchos casos los encargados de la supervisión de estas empresas son los mismos que las dirigen. Particularmente, en banca pública y petróleo esta es la situación estándar.

Más allá, es generalizada la opacidad presupuestaria y operativa de estas empresas, como destaca De Freitas, quien señaló que se creó un “Índice de Cleptocracia”, a partir de cuatro parámetros: apertura a divulgar información (transparencia), independencia y autonomía funcional (para un grupo de 30 empresas estatales que contestaron total o parcialmente un cuestionario de 94 preguntas formulado por Transparencia), políticas anticorrupción y justicia e impunidad.

La directora de la ONG destaca que “sería ingenuo pensar que estos son errores, o debilidadades de gerencia. Hay intencionalidad de que el control sirva para llegar al dinero”. En pocas palabras, las empresas públicas no solo son una fuente de clientelismo político, sino de captura de la renta nacional en beneficio de unos pocos, señala el informe de Transparencia.

“En Venezuela hay una cleptocracia. Tiene como fin el enriquecimiento de un grupo a costa de la mayoría”, afirma De Freitas, para quien, además, “parte de la crisis que vivimos hoy los venezolanos es culpa de esto”. El modelo, además, se está profundizando: esta misma semana, Nicolás Maduro agregó “Agrosur” a la larga lista de empresas del sector agroalimentario, denunció la representante de la ONG.

En resumen, señala Transparencia, si los ganadores de las empresas estatales son quienes las “administran” (no hay manera de no poner esto en comillas), los grandes perdedores son los venezolanos, quienes padecen hambre y privaciones por culpa de un modelo que ha producido los mismos resultados cada vez que se ha implementado.

F/Es.panampost.com